Cada año en nuestra región, seis mil mujeres mueren debido a complicaciones de aborto (UNFPA, 1997).
El 21% de las muertes relacionadas con el embarazo, parto o postparto tiene como causa las complicaciones del aborto inseguro (OMS, 1998).
En la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, diversas organizaciones de mujeres han presentado propuestas claras para prevenir estas muertes silenciadas. Propuestas de despenalización que permitan a las mujeres con embarazos no deseados interrumpirlos sin riesgo para sus vidas.
La liberalización de las leyes de aborto permitiría evitar la muerte de las mujeres y las consecuencias que sufren a causa de abortos mal practicados, al contar con servicios seguros.
Es imperativo que nuestros países revisen su legislación sobre esta materia, pues gran parte de ellos viene incumpliendo con los compromisos asumidos internacionalmente ante el Sistema de Naciones Unidas, pero, sobre todo, continúan exponiendo la vida de miles de mujeres.
Campaña 28 de Setiembre
Para lograr un cambio en la legislación de nuestros países es que desde 1993, las organizaciones de mujeres venimos realizando la campaña 28 de Setiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
Esta fecha fue acordada en el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe (Argentina, 1990), en el que nos propusimos impulsar una campaña por el derecho al aborto en el marco de los derechos humanos.
Cientos de organizaciones de mujeres y redes regionales en 16 países de América Latina y el Caribe están sumando esfuerzo para esta campaña que se propone hacer que se cumplan las leyes que permiten el aborto y para generar avances en la legislación de los países de la región.
A partir del 2003 hasta el 2005, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán estará a cargo de la coordinación regional de esta campaña, transferencia acordada en la reunión general realizada en San José Costa Rica, en diciembre del 2002.
Avances sobre el aborto en el orden internacional
1994: El aborto inseguro es reconocido como un grave problema de salud pública en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (párrafo 8.25).
1995: La Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing) reafirmó el contenido de El Cairo y agregó la recomendación que los países revisaran las leyes que penalizan a las mujeres cuando se someten a abortos ilegales (párrafo 106 K).
1998: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reconoció que la morbimortalidad materna se vincula con el aborto realizado en condiciones inseguras. Y recomienda su atención para evitar el aborto y enfrentar de manera apropiada sus complicaciones.
1999: El texto aprobado en el proceso de revisión de Cairo +5, recomienda el entrenamiento de profesionales para atender a las mujeres en los casos en que el aborto sea legal.
1999: Los países integrantes de la CEPAL se comprometieron a formular programas específicos para la salud de las mujeres, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos y de acuerdo con los documentos adoptados de Cairo y Beijing.
2000: El documento final de Beijing +5 incorpora el texto del párrafo 106 K de la Plataforma de Acción de Beijing, en el que se señala la necesidad de revisar las leyes que penalizan la práctica del aborto inseguro. Además, recomienda que los gobiernos implementen la indicación acordada en Cairo +5 sobre el entrenamiento de profesionales y el equipamiento adecuado de servicios.
El aborto en el debate
El aborto es un problema de salud pública por el índice de muertes y por las consecuencias (muchas veces irreparables) que tiene en la vida de las mujeres.
El aborto es una cuestión de derechos humanos, prohibirlo atenta los derechos fundamentales de las mujeres y va contra principios de justicia social.
El aborto es una cuestión de democracia; es decir, está ligado al ejercicio libre de una maternidad voluntaria, la autodeterminación de la propia vida, el derecho a la interrupción de un embarazo no deseado.
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