La situación del Aborto
El contexto sobre el aborto en Brasil debe ser analisado como un desafío democrático, de la salud publica y de los derechos humanos.
El país ha firmado todos los documentos internacionales más importantes de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos y la salud, tales como el Programa de Acción del Cairo (1994) y la Plataforma Mundial de Acción sobre la Mujer, Beijing (1995), a fin de prevenir el aborto clandestino e inseguro a traves de la revisión de la legislación punitiva.
Sin embargo la práctica continúa siendo un delito. En dos casos previstos en el Código Penal de 1944 - riesgo de vida de la mujer embarazada y resultante de la violacion sexual, no castigan el aborto. Cerca de 1 millón de abortos se realizan anualmente en el país, donde la práctica prevaleciente es insegura e ilegal, dando lugar a un grave problema de salud pública y los altos costos sociales.
Los abortos iniciados que aportan a los hospitales brasileños alcanzan cientos de miles de mujeres por abortos (1992-344. 956, 2005-250. 447, 2006-230.000 - MS, 2006) aúnque los numeros disminuyan en razón del uso de medicamentos, como el misoprostol que los compran las mujeres en el mercado clandestino.
La Encuesta Nacional sobre Aborto (Universidad de Brasilia, Anis e Ministerio de Salud) lanzada en mayo de 2010 mostró que la práctica es tan común en Brasil que, completando los cuarenta años, más de una de cada cinco mujeres ya han abortado. Esa es de la segunda a la cuarta causa de mortalidad materna en Brasil y la primera en ciudades como Salvador, en el estado de Bahia, adonde la poblacion afrodescendiente es la mayoria. Durante varias décadas la despenalización y legalización del aborto es la agenda del movimiento de mujeres y feminista. En el ano de 2005, una comisión nombrada por el Gobierno Federal e integrada por diferentes sectores de la sociedad y el estado ha preparado un proyecto de ley al Congreso.
La propuesta, sin embargo, no fue analizada. En los últimos años se produjo un ataque por los sectores conservadores de la Iglesia Católica y en el Congreso, en un intento de imponer una mayor criminalización e impedir el ejercicio de los derechos ya garantizados por la ley. No hay hoy en día ninguna propuesta, apoyada por el movimiento de mujeres en el Congreso Nacional.